de Francisco Moreno Barrón
Obispo de Tlaxcala
El ser humano ha estado en constante movilidad debido a sus necesidades, por ejemplo para la búsqueda de comida (recordemos a los pueblos nómadas) o quizá por su natural deseo de conocer y explorar. En la actualidad, con el desarrollo tecnológico y la globalización, los tiempos para recorrer distancias se han acortado y pareciera que el desplazamiento de las personas de un sitio a otro sería mucho más sencillo. Esto generalmente no es así: las grandes diferencias económicas de cada país, las condiciones de guerra o violencia, los desastres naturales, entre otras causas, provocan que la gente se vea obligada a migrar, en medio de muchas dificultades, incluso sufriendo criminalización y poniendo en riesgo su vida, debido a las políticas de los estados y sus fronteras, que impiden un tránsito libre y seguro para las personas.
México es considerado un país expulsor de personas, de tránsito para llegar a otros destinos (particularmente hacia Estados Unidos) y de recepción de personas. En Estados Unidos residen 13.5 millones de mexicanos, el 28.2% de la población inmigrante en ese país, es decir México tiene aproximadamente al 10% de su ciudadanía viviendo fuera del territorio, debido a que aquí no se les garantiza el acceso a sus derechos económicos y sociales básicos.
Respecto al tránsito de personas migrantes y refugiadas en territorio mexicano, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que por lo menos 150 mil personas ingresan al año de forma indocumentada a nuestro país por la frontera sur, aunque otras fuentes señalan que pueden ser hasta 400 mil personas transmigrantes por año. Por desgracia estas personas, particularmente las mujeres, las niñas y los niños, viven un verdadero vía crucis en su camino, en muchos casos son víctimas de extorción, secuestros, trata e incluso se llega al extremo de arrebatarles uno de los derechos más sagrados, la vida, como desgraciadamente sucedió a las 72 personas migrantes asesinadas en San Fernando, Tamaulipas.
Las políticas migratorias no tienen como centro el respeto de las personas y su dignidad, sino básicamente el control de las fronteras y de la población migrante. México no ha logrado establecer una política que garantice el respeto de las personas transmigrantes, por el contrario, vemos que eso que se le reclama a Estados Unidos como violaciones a derechos humanos de nuestros connacionales son las mismas violaciones que los gobiernos mexicanos cometen hacia las personas centroamericanas que van de paso por nuestro territorio.
Los gobiernos, tanto de origen como de tránsito y destino, desde una perspectiva de derechos humanos, son directamente responsables de la protección de las personas migrantes y de la garantía integral de sus derechos. La desgracia de las personas que migran se inicia en sus países de origen, pues sus gobiernos no han garantizado derechos tan básicos como la educación, salud, vivienda y trabajo digno. Hasta ahora tampoco han demostrado un verdadero interés por las condiciones en que sus ciudadanos se trasladan a otros países. Es necesario que cada gobierno se responsabilice de la garantía de los derechos humanos de sus ciudadanos, no solo en los lugares de origen, sino también por donde transitan y en sus destinos. Es indispensable que existan políticas públicas para los migrantes y transmigrantes que deben incluir una cooperación local e internacional.
En 2007, en la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, realizada en Aparecida Brasil, como obispos señalamos que los migrantes son unos de los rostros sufrientes de Cristo que nos duelen profundamente. En las conclusiones de dicha encuentro expresamos que “Entre las tareas de la Iglesia a favor de los migrantes, está indudablemente la denuncia profética de los atropellos que sufren frecuentemente, como también el esfuerzo por incidir, junto a los organismos de la sociedad civil, en los gobiernos de los países para lograr una política migratoria que tenga en cuenta los derechos de las personas en movilidad” (DA 414), tarea que desde luego sigue siendo vigente y urgente.
En respuesta a esta necesidad, desde la Diócesis de Tlaxcala, apoyamos a quienes transmigran por nuestro estado, en el Albergue “La Sagrada Familia” ubicado en Apizaco. Desde su apertura en octubre de 2010 hasta septiembre de 2014 este albergue ha atendido a 20,008 migrantes entre hombres, mujeres, niñas y niños de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y México.
Desde este espacio hago un llamado para que los gobiernos en sus diferentes niveles asuman su responsabilidad de garantizar la integridad de las personas migrantes y transmigrantes.
Recordemos que Jesús, María y José también fueron migrantes en Egipto. Huyeron ante el riesgo de muerte de Jesús y también fueron víctimas de gobiernos que anteponen el poder por encima de la dignidad y vida de las personas. Roguemos a Dios para que cada persona que migra llegue con bien a donde quiera que se dirija.